¿Cómo evaluar y optimizar el gasto público climático? Explorando opciones para América Latina y el Caribe

Los desafíos sin precedentes que plantea el cambio climático demandan una acción inmediata y efectiva por parte de los gobiernos y los Ministerios de Hacienda para afrontar los desafíos de la mitigación y adaptación.

Atender la crisis climática requerirá alinear entre el 7% y el 19% del PIB anual, lo que representará un gasto de entre 470 mil millones y 1,3 billones de dólares en infraestructura y gasto social en 2030, con miras a alcanzar objetivos de desarrollo sostenible, resiliente y descarbonizado. Además, un estudio del BID encontró que llevar a cabo acciones de descarbonización en la región podría aportar 2,7 billones (millones de millones) de dólares netos en beneficios a 2050. Afortunadamente, una parte de este esfuerzo consistirá en redirigir los flujos existentes y el beneficio de esta reorientación superará ampliamente su costo, al permitir evitar los peores impactos del cambio climático y generar beneficios económicos, sociales, fiscales y ambientales.

En este contexto, la evaluación del gasto público climático se convierte en una herramienta fundamental para asegurar que los fondos públicos se utilicen de manera eficiente y eficaz para enfrentar este desafío.

¿Qué es la evaluación del gasto público climático?

La evaluación del gasto público climático implica un análisis detallado de cómo los recursos estatales están siendo asignados y utilizados para abordar el cambio climático. Esta evaluación va más allá de simplemente rastrear cuánto se gasta en iniciativas climáticas. Se trata de analizar en qué medida los presupuestos públicos nacionales invierten en los objetivos de descarbonización y resiliencia climática establecidos por cada país y en el marco del Acuerdo de París, así como evaluar su eficacia y eficiencia, es decir, si los gastos logran sus objetivos, si se optimizan para obtener los productos deseados, y si se destinan a las áreas más prioritarias y con mayores beneficios.

En Latinoamérica y el Caribe diversos  países como Paraguay, Argentina, Costa Rica y República Dominicana han trabajado en identificar su gasto climático a través de clasificadores presupuestales  bajo el Marco Conceptual para la clasificación del Gasto Público en Cambio Climático del BID, sin embargo, a la fecha ningún país en la región ha comenzado a evaluar de manera sistemática su gasto público climático.

¿Por qué es fundamental evaluar el gasto público climático en la región?

1. Alineación con objetivos globales y nacionales: Los países de la región se han comprometido en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar su resiliencia ante los impactos climáticos. Evaluar el gasto público climático permite a los gobiernos medir cuánto de sus presupuestos se alinean con estos objetivos y dónde se necesitan ajustes.
2. Identificación de brechas y necesidades: A través de esta evaluación, los gobiernos pueden identificar áreas donde la financiación es insuficiente o ineficaz, permitiendo una reorientación de los recursos y la implementación de nuevas políticas o programas. También permitiría determinar las inversiones que tienen un efecto negativo sobre los esfuerzos para descarbonizar o los de adaptación, como es el caso de los subsidios a los combustibles fósiles o los que, sin querer, incentivan un consumo no sustentable del agua.
3. Optimización de recursos: Los recursos públicos son limitados. Una evaluación detallada del gasto climático asegura que el dinero se invierta en áreas con el mayor impacto potencial, evitando desperdicios y maximizando los beneficios ambientales, sociales y económicos. Se ha comprobado por ejemplo que invertir o reorientar gasto en infraestructura resiliente supondría un pequeño coste incremental de aproximadamente un 3%, sin embargo, produciría una media de $US4 de beneficio por cada dólar invertido.
4. Transparencia y rendición de cuentas: La evaluación del gasto público puede contribuir a la transparencia en la asignación y uso de los fondos destinados a la acción climática. Esto no solo fortalece la confianza pública, sino que también facilita la rendición de cuentas a nivel nacional e internacional bajo el nuevo Marco de Transparencia Reforzado (ETF por sus siglas en inglés) de Naciones Unidas.

¿Cómo podríamos evaluar el gasto público climático?

Para abordar estos desafíos, los países de América Latina y el Caribe junto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el marco de la Plataforma Regional de Cambio Climático de Ministerios de Hacienda, Economía y Finanzas, están actualmente desarrollando unos lineamientos metodológicos para la evaluación del gasto público presupuestal, los cuales son pioneros en su tipo. Este marco se basa en un enfoque escalonado de tres niveles que facilita un análisis exhaustivo y detallado.

1. Nivel 1. Análisis de estructura presupuestal: Este nivel se enfoca en analizar en qué medida la estructura programática del presupuesto en su conjunto está respondiendo a atender las transformaciones e intervenciones requeridas en descarbonización y adaptación para afrontar el cambio climático. Se trata entonces de un análisis de gran visión de la eficiencia asignativa, es decir, entender si se está gastando en las cosas correctas.
2. Nivel 2. Análisis programático: En este nivel se busca analizar la eficacia con que los programas presupuestales se ejecutan en términos técnicos y su contribución a los objetivos climáticos. Para ello, el análisis analiza el grado de integración de la acción climática en el diseño de los programas presupuestarios individuales.
3. Nivel 3. Análisis de proyecto: Este nivel se enfoca en determinar cómo cada proyecto contribuye a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y a la resiliencia ante los impactos del cambio climático, y medir su impacto específico cuando corresponda, utilizando indicadores y metodologías reconocidas a nivel internacional. Por ejemplo, metodologías como los análisis de Costos y Beneficios han resultado muy útiles para medir ex-ante los proyectos en término de costos y beneficios ambientales y sociales.  Igualmente, herramientas de modelación de recursos hídricos o inundaciones como Hydro-BID pueden resultar de gran utilidad para comprender los impactos del cambio climático a una escala de proyecto.

La evaluación del gasto público climático no es solo una herramienta técnica, sino una necesidad estratégica para los países de América Latina y el Caribe. Permite a los gobiernos optimizar el uso de sus recursos, cumplir con sus compromisos internacionales y, sobre todo, garantizar que sus inversiones generen un impacto positivo y duradero en la lucha contra el cambio climático. Adicionalmente, uno de los principios fundamentales de los lineamientos metodológicos es su flexibilidad, reconociendo que cada país enfrenta desafíos únicos y cuenta con recursos y capacidades diferentes, lo que implica que la implementación de estos lineamientos puede variar significativamente según el contexto local.

Por lo tanto, implementar los lineamientos metodológicos propuestos por los Ministerios de Finanzas de la región y el BID es un paso crucial hacia un futuro más sostenible y resiliente. A través de una evaluación rigurosa y transparente, los gobiernos pueden asegurar que cada inversión realizada contribuya efectivamente a construir un mundo más resiliente y equitativo.