Los desastres ocurridos en la última decada han ocasionado altas pérdidas de vidas humanas, además de daños económicos, afectación de infraestructura y problemas relacionados a efectos de más largo plazo. Estos desastres y aquellos relacionados a las erupciones volcánicas de Islandia y de Chile, los incendios en Australia y las inundaciones y sequías en varias regiones del mundo, además de ejemplificar la capacidad destructiva de los fenómenos naturales, ilustran diferencias en la magnitud de las pérdidas e impacto en la sociedad, también ejemplifican las diferencias en las infraestructuras, programas de mitigación y prevención, organización y capacidad de respuesta de los gobiernos y sociedad y en la generación de programas de investigación y de protección a corto y largo plazo, según La Crónica de Hoy.
En el contexto de este artículo el autor pregunta, ¿qué prioridad debe asignarse a las acciones de mitigación y prevención de desastres?, ¿qué responsabilidad tienen los órganos de gobierno y la comunidad de investigación? En la evaluación de alternativas debemos considerar que las acciones de ayuda posteriores a los desastres no tienen capacidad para devolver las vidas perdidas.