La tormenta de la desigualdad: 3 soluciones para adaptarse al cambio climático y luchar contra la pobreza

Imagina esto. A medida que ve que las nubes se acercan, Maria se apresura a llegar a su casa con la esperanza de evitar la tormenta que se acerca. Sabe lo que le espera, ya que vive en una barriada en las afueras de San Salvador, donde su casa con techo de hojalata ofrece poca protección cuando llegan las fuertes lluvias. Hace tres años, cuando la tormenta tropical Amanda azotó Centro América, ella, madre soltera, aguantó las fuertes lluvias con sus dos hijos pequeños acurrucados en su cama con el agua cayendo por las paredes, esperando que la estructura de su casa no se derrumbara y los arrastrara. María espera con ansias el día en que haya mejoras en el drenaje, acceso a viviendas resistentes y haya igualdad de acceso a las alertas tempranas para reducir los riesgos causados por el cambio climático.

Historias como la de María son cada vez más comunes en América Latina y el Caribe a medida que el cambio climático empeora los fenómenos meteorológicos extremos. Las comunidades pobres y marginadas se enfrentan a mayores amenazas, y los asentamientos urbanos de bajos ingresos y las pequeñas explotaciones rurales son los más afectados. Nuestro reciente informe “Con el calor y el agua al cuello: nueve caminos hacia un desarrollo resiliente al cambio climático” pretende ayudar a los gobiernos a sortear esta crisis mediante datos y recomendaciones políticas. El capítulo 8, “Llueve sobre mojado: el riesgo económico y ambiental para los pobres”, examina específicamente la desigualdad ante el riesgo climático y su potencial para atrapar a los grupos vulnerables en la privación generacional, y ofrece soluciones para evitarlo.

El cambio climático agrava la pobreza en América Latina y el Caribe

Diferentes factores aumentan la exposición y vulnerabilidad para personas como María. Las comunidades informales asentadas en laderas y llanuras con riesgos de deslizamiento de terreno e inundación son fruto del aumento de los precios de vivienda urbana, que causan desplazamiento de familias de bajos ingresos hacia zonas más peligrosas. Además, las viviendas de baja calidad no protegen contra vientos, lluvias y deslizamientos de tierra. El temor a ser desalojados en cualquier momento disminuye la posibilidad de invertir en infraestructura para el drenaje, estabilización de pendientes o preparación para desastres. Los pequeños agricultores rurales también enfrentan este tipo de amenazas, ya que las sequías, la erosión del suelo y la pérdida de biodiversidad socavan la productividad de los cultivos y la seguridad alimentaria. En general, los grupos de bajos ingresos tienen menos capacidad económica para invertir en reducción de riesgos, y además son altamente dependientes de activos vulnerables como el ganado y viviendas inseguras.

Las comunidades de bajos ingresos y marginadas sufren mucho más los impactos de desastres, y les cuesta aún más recuperarse de ellos. Por ejemplo, cuando en 1998 llegó el huracán Mitch a Centroamérica causó una pérdida de activos del 18 por ciento para los hondureños de bajos ingresos, frente al solo el 3 por ciento entre los de mayor poder adquisitivo. Estas situaciones obligan a las familias a endeudarse o a buscar alternativas de ingresos enviando a los niños a trabajar, en vez de estudiar. Las niñas a menudo son las más afectadas, limitando sus opciones de largo plazo. Las sequías y las malas cosechas también conducen a la desnutrición, a retrasos en el desarrollo y enfermedades. Lejos de ser situaciones accidentales, los impactos climáticos de este tipo sistémicamente incrementan la escasez y la desigualdad económica.

Soluciones para adaptarse y reducir la desigualdad

Existen soluciones concretas para reescribir esta historia. “Con el calor y el agua al cuello” presenta soluciones de política pública prometedoras para reducir los riesgos y salvaguardar el capital humano en todos los sectores: 

• La planificación urbana y las leyes de uso del suelo deben mejorar proactivamente la seguridad de la tenencia, las infraestructuras y la resiliencia de las viviendas de los asentamientos informales. Los sistemas de alerta temprana adaptados para llegar a las poblaciones remotas y con bajo nivel de alfabetización deben transmitir instrucciones para evacuar o proteger los bienes. 
• La ampliación de la inclusión financiera a través de servicios financieros móviles y digitales, así como productos de microseguros, ayudaría a las familias a prepararse mejor, hacer frente a las crisis y reconstruir. Sin embargo, obtener un pequeño préstamo o recurrir a ahorros limitados rara vez es suficiente para recuperarse plenamente.
• Las redes de seguridad social bien diseñadas también tienen funciones protectoras vitales si se amplían adecuadamente cuando se producen catástrofes. Las transferencias de efectivo, los programas de alimentación escolar y los subsidios deben aumentar temporalmente para estabilizar el consumo y evitar que las familias adopten estrategias de afrontamiento negativas, como sacar a los niños de la escuela, interrumpir las revisiones médicas o vender activos productivos. Es fundamental dotar a los programas de protección social de la flexibilidad necesaria para hacer frente al aumento de las necesidades durante las crisis, así como establecer de forma proactiva registros sociales y mecanismos de pago.

Hacer realidad esta visión exige un compromiso con la inclusión y la preparación frente a los efectos del cambio climático. Significa mejorar la coordinación entre los organismos gubernamentales encargados de la protección social y las respuestas a los desastres, así como con los actores de la respuesta humanitaria. Y, lo que es más importante, significa garantizar la financiación de los mecanismos de protección social, en particular de las transferencias de efectivo, incluso mediante el uso de instrumentos de financiación contingente.

Al priorizar el bienestar de aquellos que soportan la carga climática más pesada, podemos progresar de manera equitativa

Los cálculos de coste-beneficio deben tener en cuenta los daños potenciales de quienes residen en zonas de bajos ingresos. En términos más generales, los gobiernos deben sistemáticamente dar voz a personas como María cuando diseñan planes de cambio climático, para asegurarse de que se tiene en cuenta su perspectiva.